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El gobierno ha tomado la decisión de cerrar el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, lo que afecta a 622 trabajadores. Desde el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Russo, justificaron el cierre argumentando que la institución presenta “una reducida cantidad de pacientes”, con un presupuesto de 17 mil millones de pesos anuales y un promedio de internación de solo 19 pacientes diarios. Según sus declaraciones, “los indicadores de atención y consultas resultan muy bajos para lo esperable”.
Ante esta situación, los trabajadores del hospital iniciaron una permanencia en el centro de salud y convocaron a la ciudadanía y a diferentes organizaciones a unirse en la defensa del hospital y la salud pública. Comenzaron hoy a las 7 con un abrazo simbólico a la institución, ubicada en la calle Combate de los Pozos 2133, y han programado una conferencia de prensa para las 11.
Desde el Hospital Laura Bonaparte, se desmintieron las cifras proporcionadas por el gobierno, afirmando que este año se realizaron más de 25 mil atenciones y 98 mil consultas en sus servicios asistenciales, además de más de 15 mil consultas a través de dispositivos de Abordaje Territorial. Los trabajadores también denunciaron que desde diciembre solo se otorgó un aumento de menos del 10%, mientras que la inflación superó el 95%, lo que ha llevado a una precarización laboral con más de 35 despidos y la renuncia de más de 25 trabajadores.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), destacó que “la desidia y la incompetencia del Gobierno en materia de salud alarma”, y advirtió que el cierre de hospitales puede generar un aumento en la conflictividad dentro del Estado. Aguiar afirmó que no se han impulsado políticas sanitarias ni campañas de prevención y rechazó el cierre del hospital, que consideró un referente en salud mental a nivel nacional.
Por otro lado, Javier Milei ha decidido eliminar el Ente Nacional De Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), que es responsable de llevar a cabo obras de infraestructura hídrica y sanitaria, además de controlar la calidad del agua potable en el país.
El gobierno también avanza con la desregulación del transporte de media y larga distancia, permitiendo a las empresas establecer precios, rutas y recorridos de los viajes. Se implementará un Registro Nacional para que quienes deseen ofrecer estos servicios puedan inscribirse, con solo necesitar una combi y un registro de conducir.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el veto a la ley de financiamiento universitario, argumentando que es irresponsable que el Congreso emita leyes sin asumir la responsabilidad de su financiamiento.
Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, afirmó que hay una mayoría en el Congreso dispuesta a rechazar el veto, aunque reconoció la dificultad de alcanzar los dos tercios necesarios.
Luis Caputo, ministro de Economía, adelantó que en caso de que el Congreso rechace el veto al financiamiento universitario, se recurrirá al Poder Judicial, afirmando que lo estipulado en la ley de Administración Financiera impide al Congreso presentar gastos sin financiamiento.
Mauricio Macri expresó que la Universidad de Buenos Aires enfrenta una crisis de transparencia y criticó la falta de rendición de cuentas desde 2015, señalando que esto afecta no solo a la UBA, sino a todas las universidades que han sido utilizadas políticamente. Desde la UBA respondieron que las universidades nacionales son auditadas regularmente por la Auditoría General de la Nación y que existe un control interno sobre sus finanzas.
Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, acusó a Milei de “matar por desfinanciamiento” y lo criticó por sus declaraciones sobre el Estado. Además, sugirió que La Libertad Avanza se está “tragando” a Macri y a otros dirigentes, señalando el comportamiento oportunista de algunos políticos.
La Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) marchará al Ministerio de Capital Humano contra el ajuste en alimentos, salud, jubilaciones y educación, bajo el lema “El pueblo necesita comer”.
La peregrinación anual desde Liniers hasta Luján se llevó a cabo el sábado, donde el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reflexionó sobre la crisis actual y la responsabilidad de los líderes en buscar soluciones.
La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, de “lavado de activos” en relación a presuntas irregularidades con subsidios, aunque se cuestionó si esos subsidios, al estar documentados, pueden considerarse dinero “lavado”.
En otro orden, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan denunció la reutilización de dispositivos de perfusión en cirugías cardiovasculares de niños, poniendo en riesgo la higiene y la salud de los pacientes, lo que ya ha sido presentado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
El juez Juan María Ramos Padilla rechazó la morigeración de la prisión preventiva del ex gobernador tucumano José Alperovich, condenado por abuso sexual, destacando que no hay privilegios que puedan ignorar las leyes constitucionales.
En Santiago del Estero, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, realizó un acto político, instando a terminar con el modelo de la “casta” para otorgar libertad a los argentinos.
Por su parte, en La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela confirmó su candidatura para presidir el Partido Justicialista Nacional, expresando su aprecio por Cristina Kirchner y cuestionando a otros dirigentes que alentaron su candidatura.
En Catamarca, el Consejo Provincial del PJ postula a Cristina como presidenta del Partido Justicialista Nacional, resaltando su dedicación y liderazgo en el movimiento.
Finalmente, en Santa Fe, la multinacional Dow anunció el cierre de su planta en Puerto General San Martín, lo que afectará a 120 trabajadores, y el Ministerio de Trabajo provincial ha dictado una conciliación obligatoria por 10 días. En Córdoba, se logró controlar un incendio en la Quebrada de la Mermela y se mantienen las medidas de seguridad pertinentes.