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El Gobierno porteño ha pedido a la Corte Suprema que embargue las cuentas de la Nación para poder cobrar el dinero que le adeuda en el marco del conflicto por la coparticipación. La presentación sostiene que el Gobierno Nacional adeuda un 1,55% de la masa de fondos para llegar al porcentaje establecido en el fallo de diciembre. En aquel momento, la Corte Suprema dictó una cautelar favorable a la ciudad de Buenos Aires en la que estableció que Nación debía pagarle un 2,95% de la masa de fondos coparticipables. Ahora, el Gobierno porteño quiere que se ejecute la medida y se ordene el embargo diariamente de la suma correspondiente al 1,55% de la masa de fondos definida en el articulo 2° de la ley 23548.
La disputa por la coparticipación es una de las más álgidas entre los gobiernos de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, y toma esa característica justamente porque hay millones de pesos en el medio, claves en un año electoral. En este contexto, los funcionarios porteños quieren que se efectivice el pago de la deuda que asciende a 57.587 millones de pesos y se le ordene al Banco Nación que transfiera en forma diaria y automática a la Ciudad de Buenos Aires la suma correspondiente.
En las últimas semanas, Nación había anunciado que haría frente a la orden por medio del pago de 98,5 millones de pesos provenientes de Bonos del Tesoro TX 31, pero en territorio porteño afirman que las transferencias fueron inferiores a lo adeudado. Ante esto, la presentación de la funcionaria porteña sostiene que “la única manera de cancelar los impuestos es mediante el depósito de una suma de dinero. Estos impuestos abonados en pesos son los que constituyen la masa coparticipable a distribuir“.
La atención ahora está puesta en la Corte Suprema, donde sus miembros tendrán que definir en torno a la nueva presentación mientras tienen en carpeta una decisión sobre la cuestión de fondo del conflicto. Esto es, determinar si fue constitucional la deducción realizada en 2020 por Alberto Fernández. La nueva presentación se trata, en definitiva, de un nuevo capítulo en la disputa por los fondos, con una Corte que deberá definir en un año electoral y mientras en el Congreso sus miembros son enjuiciados por impulso del oficialismo.
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