#AhoraMisiones
En una entrevista con el diario Página 12, el precandidato a presidente Alberto Fernández dijo: “Cristina cuando creó la [Agencia Federal de Inteligencia] AFI declaró que los fondos, los recursos de la AFI debían ser públicos. Lo que hizo Macri fue, apenas llegar, nombrar a un íntimo amigo de él al frente de la AFI, y declararlos secretos”. ¿Qué dicen los datos?
Efectivamente, en julio de 2015 y mediante un decreto, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, creó una “nueva doctrina de inteligencia nacional” que, entre otros cambios, distinguió entre los fondos públicos, sobre los que se podía conocer su monto y su uso, y los fondos reservados, que permanecían secretos.
Por su parte, en mayo de 2016, el presidente, Mauricio Macri, emitió un nuevo decreto en el que se derogaron los principales artículos de la norma dictada por su antecesora, y todo el presupuesto de la AFI volvió a ser reservado.
Además, designó al frente de la agencia a Gustavo Arribas, quien no tiene antecedentes en materia de inteligencia, pero tiene cercanía con Macri desde hace varias décadas, según declaró el propio Presidente el día de la designación del titular de la AFI. Fernández de Kirchner también había nombrado a personas cercanas sin experiencia en inteligencia, Francisco Larcher y Oscar Parrilli.
Si bien lo que dijo Fernández sobre las acciones de los mandatarios es técnicamente correcto, organizaciones de la sociedad civil intentaron acceder a información de la agencia de inteligencia durante el periodo en que estuvo vigente la norma más transparente pero no lo lograron porque el decreto de Fernández de Kirchner no se cumplía.
Las modificaciones del gobierno de Fernández de Kirchner, que se dieron en el contexto de tensiones con los servicios de espionaje por una pelea con el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE Antonio Stiuso, también incluyeron la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional y la creación de la AFI, que reemplazó a la SIDE, por vía parlamentaria.
Con estos cambios se buscó cumplir con el compromiso de transparentar el uso de los fondos reservados, un acuerdo asumido por el Estado Argentino con las víctimas del atentado a la AMIA, ante una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005.
Como se explicó en esta nota, el decreto de Macri además de restarle transparencia al presupuesto de la AFI también fijó que todos los empleados de la agencia sean considerados “agentes de inteligencia” y , por ende, no se puede conocer su identidad. El decreto anterior dividía al personal en tres escalafones (Inteligencia, Seguridad y Apoyo, que incluía a los empleados administrativos y a los recursos humanos en general) y restringía la protección de identidad sólo a los agentes de Inteligencia y para los casos en los que fuera necesario.
“El decreto anterior también disponía de qué modo los fondos reservados debían ser registrados para su consulta posterior por las autoridades competentes, pero eso quedó anulado por la nueva disposición. Si los gastos reservados no se registran, es imposible controlar”, añadió a este medio Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
Previo a las modificaciones de la gestión de Cambiemos, la legislación anterior no se implementó correctamente. “No pudimos saber el detalle de los fondos públicos ni el organigrama del personal, y otras disposiciones que debían formar parte de la información accesible. Hicimos un pedido a la Comisión Bicameral, que es quien regula a la AFI, y nos respondieron que esa información era reservada”, explicó a este medio Valeria Calaon Moscova, coordinadora del Sector Inteligencia del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
En esa misma línea, un documento de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) -grupo integrado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre y el ILSED- señala: “La gestión deficiente y sin voluntad de cambio en la AFI impidió llevar a cabo las reformas organizacionales y de las prácticas que proclamaba el decreto reglamentario. Pero restablecer el régimen precedente que llevó a la crisis del sistema y volver a fojas cero los avances logrados está lejos de ser la mejor opción”.
En la actualidad sólo puede conocerse el presupuesto asignado a la AFI por año, pero no a qué se destina. De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2019, este año la agencia contará con $2.697 millones. En 2016 y 2018 los fondos registraron una caída superior al 15% en términos reales, mientras que en 2017 evolucionaron en la misma proporción que los precios, al igual que ocurriría este año. En 2015, en cambio, habían crecido un 46% en términos reales.
El único organismo con poder de control sobre estos fondos es la Comisión Bicameral de control de las actividades de inteligencia. Sin embargo, la propia institución de control también es opaca y esto se ha mantenido inalterable a lo largo de los años. La comisión, integrada por 14 diputados y senadores y actualmente presidida por el radical Juan Carlos Marino, no lleva registro de la cantidad de reuniones que realiza y las actas de sus reuniones son secretas.
En una entrevista con el diario Página 12, el precandidato a presidente Alberto Fernández dijo: “Cristina cuando creó la [Agencia Federal de Inteligencia] AFI declaró que los fondos, los recursos de la AFI debían ser públicos. Lo que hizo Macri fue, apenas llegar, nombrar a un íntimo amigo de él al frente de la AFI, y declararlos secretos”. ¿Qué dicen los datos?
Efectivamente, en julio de 2015 y mediante un decreto, la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, creó una “nueva doctrina de inteligencia nacional” que, entre otros cambios, distinguió entre los fondos públicos, sobre los que se podía conocer su monto y su uso, y los fondos reservados, que permanecían secretos.
Por su parte, en mayo de 2016, el presidente, Mauricio Macri, emitió un nuevo decreto en el que se derogaron los principales artículos de la norma dictada por su antecesora, y todo el presupuesto de la AFI volvió a ser reservado.
Además, designó al frente de la agencia a Gustavo Arribas, quien no tiene antecedentes en materia de inteligencia, pero tiene cercanía con Macri desde hace varias décadas, según declaró el propio Presidente el día de la designación del titular de la AFI. Fernández de Kirchner también había nombrado a personas cercanas sin experiencia en inteligencia, Francisco Larcher y Oscar Parrilli.
Si bien lo que dijo Fernández sobre las acciones de los mandatarios es técnicamente correcto, organizaciones de la sociedad civil intentaron acceder a información de la agencia de inteligencia durante el periodo en que estuvo vigente la norma más transparente pero no lo lograron porque el decreto de Fernández de Kirchner no se cumplía.
Las modificaciones del gobierno de Fernández de Kirchner, que se dieron en el contexto de tensiones con los servicios de espionaje por una pelea con el ex jefe de Contrainteligencia de la SIDE Antonio Stiuso, también incluyeron la reforma de la Ley de Inteligencia Nacional y la creación de la AFI, que reemplazó a la SIDE, por vía parlamentaria.
Con estos cambios se buscó cumplir con el compromiso de transparentar el uso de los fondos reservados, un acuerdo asumido por el Estado Argentino con las víctimas del atentado a la AMIA, ante una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2005.
Como se explicó en esta nota, el decreto de Macri además de restarle transparencia al presupuesto de la AFI también fijó que todos los empleados de la agencia sean considerados “agentes de inteligencia” y , por ende, no se puede conocer su identidad. El decreto anterior dividía al personal en tres escalafones (Inteligencia, Seguridad y Apoyo, que incluía a los empleados administrativos y a los recursos humanos en general) y restringía la protección de identidad sólo a los agentes de Inteligencia y para los casos en los que fuera necesario.
“El decreto anterior también disponía de qué modo los fondos reservados debían ser registrados para su consulta posterior por las autoridades competentes, pero eso quedó anulado por la nueva disposición. Si los gastos reservados no se registran, es imposible controlar”, añadió a este medio Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del CELS.
Previo a las modificaciones de la gestión de Cambiemos, la legislación anterior no se implementó correctamente. “No pudimos saber el detalle de los fondos públicos ni el organigrama del personal, y otras disposiciones que debían formar parte de la información accesible. Hicimos un pedido a la Comisión Bicameral, que es quien regula a la AFI, y nos respondieron que esa información era reservada”, explicó a este medio Valeria Calaon Moscova, coordinadora del Sector Inteligencia del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED).
En esa misma línea, un documento de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) -grupo integrado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Vía Libre y el ILSED- señala: “La gestión deficiente y sin voluntad de cambio en la AFI impidió llevar a cabo las reformas organizacionales y de las prácticas que proclamaba el decreto reglamentario. Pero restablecer el régimen precedente que llevó a la crisis del sistema y volver a fojas cero los avances logrados está lejos de ser la mejor opción”.
En la actualidad sólo puede conocerse el presupuesto asignado a la AFI por año, pero no a qué se destina. De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2019, este año la agencia contará con $2.697 millones. En 2016 y 2018 los fondos registraron una caída superior al 15% en términos reales, mientras que en 2017 evolucionaron en la misma proporción que los precios, al igual que ocurriría este año. En 2015, en cambio, habían crecido un 46% en términos reales.
El único organismo con poder de control sobre estos fondos es la Comisión Bicameral de control de las actividades de inteligencia. Sin embargo, la propia institución de control también es opaca y esto se ha mantenido inalterable a lo largo de los años. La comisión, integrada por 14 diputados y senadores y actualmente presidida por el radical Juan Carlos Marino, no lleva registro de la cantidad de reuniones que realiza y las actas de sus reuniones son secretas.
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