#AhoraNoticias La chica de 15 años buscó a su padre por Facebook. Le costó ubicarlo porque no lo veía desde que tenía 3. Al contactarlo, le pidió ayuda: su madre y sus abuelos querían casarla con alguien a cambio de dinero y autos.
El hombre fue a su rescate, pero padre e hija fueron atacados al intentar tomar un tren. Un policía que vio la escena se metió. Luego intervino la Justicia. Así se descubrió que esta familia esclavizaba a los niños y vendía a las niñas. Este viernes, una jueza federal procesó a la madre y a los abuelos por trata de personas. Sucedió en Bahía Blanca, Buenos Aires.
A las 14:24 del 29 de junio, la chica escribió: “hola pa necesito hablar cn vs xfavor me quieren casar me siento re mal xfavor contestame”. Así comenzó todo. El chat siguió a escondidas, ya que la familia no le permitía usar celular. Arreglaron que se encontrarían el 9 de octubre en la estación de trenes de Bahía Blanca Sud, porque la chica le aseguró a su padre que la entregarían el 10. Pero la familia -de la comunidad gitana-, se enteró y fueron hasta la estación y los golpearon. La huida se frustró pero intervino la Justicia.
En la causa se lee que organismos de niñez de Bahía Blanca habían detectado que al menos, desde 2006, todos los niños y niñas de la familia eran obligados a vender medias y repasadores en calles y bares, durante la mañana y desde la noche hasta la madrugada. Los niños tampoco podían ir a la escuela: por la tarde hacían las tareas de limpieza de la casa, donde vivían unas 20 personas.
También se entiende que eran maltratados, golpeados, privados de alimentos y cuidados. Que ninguno de los adultos trabajaba. Que todo el ingreso era aportado por los niños. El dinero recaudado estaba fuera de su alcance, guardado en una caja fuerte con candado. En el allanamiento a la casa también se encontró un arma y municiones.
A comienzos de mes, el fiscal federal Horacio Azzolin había pedido el procesamiento de Paulina Aída Macaroff, Yanina Luján Yoryovich y Juan Carlos Ferreyra por el delito de trata de personas, en la modalidad de matrimonio forzado en perjuicio de dos víctimas, también el procesamiento de los tres por el delito de servidumbre contra los niños, niñas y adolescentes de la familia y la prisión preventiva. Paulina, alias “Mimí”, analfabeta, 54 años, es la abuela y quien sería la jefa de la organización. Ferreyra, 43 años, albañil, analfabeto, es su pareja. Y Yanina -33 años, hija de Mimí- tiene 11 hijos y está embarazada.
En el pedido de procesamiento, Azzolin dedica varias páginas a describir la trata de personas, “una de las más graves violaciones a los derechos humanos”. También escribe: “El principal motor de este comercio es la demanda de mujeres y niños y adolescentes destinados a distintos fines de explotación… Los damnificados padecen situaciones de semi-esclavitud… Los tratantes obtienen a sus víctimas entre los más vulnerables, como ocurre con los niños, niñas y mujeres jóvenes. En esto influye el poder adulto, y además sexista, dado que quien requiere la ‘mercadería’ es, en su abrumadora mayoría, público masculino”.
En la causa están los testimonios de miembros de la comunidad gitana, como las declaraciones de los propios imputados, que hablan sobre la venta de las adolescentes como parte de una costumbre. El precio depende de si son vírgenes o no. Una niña virgen puede venderse a 350 mil pesos. Si no lo es, su valor desciende a 10 mil. Para comprobarlo hay un ritual: un encuentro sexual en una habitación frente a dos testigos. Si la sábana se mancha con sangre se comprueba la virginidad y se cuelga afuera para que todos la vean.
Parte del dinero se entrega en efectivo, parte en automóviles. A estas niñas se las llama “Bori”: una vez que son entregadas no ven nunca más a su familia de origen y pasan a servir a la familia de su esposo. No pueden estudiar ni trabajar afuera, no pueden tocar dinero. El trabajo infantil también es justificado desde las costumbres de la comunidad: prepararlos desde niños a ganarse la vida. En la causa se lee que las familias tienen muchos niños porque son “redituables”. Por día, cada uno puede recaudar 5.000 pesos. Pero si no llevan dinero suficiente a sus hogares son golpeados y castigados: acuchillados, encadenados a las camas, sofocados en la bañera.
“Siempre bajo el pretexto de las costumbres culturales, los encausados camuflaron la empresa de explotación, logrando de esta forma su impunidad, y la aceptación por parte del resto de la sociedad, en algunos casos ‘ciega’ y en otros impotente frente a la condición a la que se encontraban estos menores -escribe la jueza federal María Gabriela Marrón en el procesamiento dictado este viernes-. Cualquier forma de unión forzada, aún bajo rituales o costumbres culturales, importa el supuesto de la ley, que implica obligar o constreñir a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación”.
En sus escritos, tanto el fiscal como la jueza citan la Constitución, la Ley de Protección integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes e innumerable cantidad de tratados internacionales a los que Argentina adhirió. “La perspectiva de género debe ser la guía para analizar y entender el delito que “prima facie” se ha cometido”, dice la jueza. Azzolin también habla de perspectiva de género.
En una causa que se parece demasiado, la misma jueza, tres meses atrás, pidió el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas de Coronel Suárez: un matrimonio que vendió a sus dos hijas menores a la comunidad de gitanos, que a su vez las vendieron. Una de ellas ya tuvo un hijo (la primera relación con el varón fue a los 13 años, y él tenía 46). Este viernes, la Cámara de Casación confirmó el pedido de la jueza.
La chica que buscó a su padre por Facebook hoy está en un hogar del sistema de protección de niñez. A una de las psicólogas le dijo que quería “dejar de trabajar y tener una vida normal”. Su hermana mayor lo logró. A ella también habían querido venderla, pero se escapó. Hoy vive con un hombre que ella eligió, con el cual tuvo una hija y que la animó a estudiar. A sus 19 años, está terminando la primaria.
(Clarín)
El hombre fue a su rescate, pero padre e hija fueron atacados al intentar tomar un tren. Un policía que vio la escena se metió. Luego intervino la Justicia. Así se descubrió que esta familia esclavizaba a los niños y vendía a las niñas. Este viernes, una jueza federal procesó a la madre y a los abuelos por trata de personas. Sucedió en Bahía Blanca, Buenos Aires.
A las 14:24 del 29 de junio, la chica escribió: “hola pa necesito hablar cn vs xfavor me quieren casar me siento re mal xfavor contestame”. Así comenzó todo. El chat siguió a escondidas, ya que la familia no le permitía usar celular. Arreglaron que se encontrarían el 9 de octubre en la estación de trenes de Bahía Blanca Sud, porque la chica le aseguró a su padre que la entregarían el 10. Pero la familia -de la comunidad gitana-, se enteró y fueron hasta la estación y los golpearon. La huida se frustró pero intervino la Justicia.
En la causa se lee que organismos de niñez de Bahía Blanca habían detectado que al menos, desde 2006, todos los niños y niñas de la familia eran obligados a vender medias y repasadores en calles y bares, durante la mañana y desde la noche hasta la madrugada. Los niños tampoco podían ir a la escuela: por la tarde hacían las tareas de limpieza de la casa, donde vivían unas 20 personas.
También se entiende que eran maltratados, golpeados, privados de alimentos y cuidados. Que ninguno de los adultos trabajaba. Que todo el ingreso era aportado por los niños. El dinero recaudado estaba fuera de su alcance, guardado en una caja fuerte con candado. En el allanamiento a la casa también se encontró un arma y municiones.
A comienzos de mes, el fiscal federal Horacio Azzolin había pedido el procesamiento de Paulina Aída Macaroff, Yanina Luján Yoryovich y Juan Carlos Ferreyra por el delito de trata de personas, en la modalidad de matrimonio forzado en perjuicio de dos víctimas, también el procesamiento de los tres por el delito de servidumbre contra los niños, niñas y adolescentes de la familia y la prisión preventiva. Paulina, alias “Mimí”, analfabeta, 54 años, es la abuela y quien sería la jefa de la organización. Ferreyra, 43 años, albañil, analfabeto, es su pareja. Y Yanina -33 años, hija de Mimí- tiene 11 hijos y está embarazada.
En el pedido de procesamiento, Azzolin dedica varias páginas a describir la trata de personas, “una de las más graves violaciones a los derechos humanos”. También escribe: “El principal motor de este comercio es la demanda de mujeres y niños y adolescentes destinados a distintos fines de explotación… Los damnificados padecen situaciones de semi-esclavitud… Los tratantes obtienen a sus víctimas entre los más vulnerables, como ocurre con los niños, niñas y mujeres jóvenes. En esto influye el poder adulto, y además sexista, dado que quien requiere la ‘mercadería’ es, en su abrumadora mayoría, público masculino”.
En la causa están los testimonios de miembros de la comunidad gitana, como las declaraciones de los propios imputados, que hablan sobre la venta de las adolescentes como parte de una costumbre. El precio depende de si son vírgenes o no. Una niña virgen puede venderse a 350 mil pesos. Si no lo es, su valor desciende a 10 mil. Para comprobarlo hay un ritual: un encuentro sexual en una habitación frente a dos testigos. Si la sábana se mancha con sangre se comprueba la virginidad y se cuelga afuera para que todos la vean.
Parte del dinero se entrega en efectivo, parte en automóviles. A estas niñas se las llama “Bori”: una vez que son entregadas no ven nunca más a su familia de origen y pasan a servir a la familia de su esposo. No pueden estudiar ni trabajar afuera, no pueden tocar dinero. El trabajo infantil también es justificado desde las costumbres de la comunidad: prepararlos desde niños a ganarse la vida. En la causa se lee que las familias tienen muchos niños porque son “redituables”. Por día, cada uno puede recaudar 5.000 pesos. Pero si no llevan dinero suficiente a sus hogares son golpeados y castigados: acuchillados, encadenados a las camas, sofocados en la bañera.
“Siempre bajo el pretexto de las costumbres culturales, los encausados camuflaron la empresa de explotación, logrando de esta forma su impunidad, y la aceptación por parte del resto de la sociedad, en algunos casos ‘ciega’ y en otros impotente frente a la condición a la que se encontraban estos menores -escribe la jueza federal María Gabriela Marrón en el procesamiento dictado este viernes-. Cualquier forma de unión forzada, aún bajo rituales o costumbres culturales, importa el supuesto de la ley, que implica obligar o constreñir a una persona a contraer matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho que presente análogas características al matrimonio y que tenga como finalidad cualquier forma de explotación”.
En sus escritos, tanto el fiscal como la jueza citan la Constitución, la Ley de Protección integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes e innumerable cantidad de tratados internacionales a los que Argentina adhirió. “La perspectiva de género debe ser la guía para analizar y entender el delito que “prima facie” se ha cometido”, dice la jueza. Azzolin también habla de perspectiva de género.
En una causa que se parece demasiado, la misma jueza, tres meses atrás, pidió el procesamiento con prisión preventiva de cuatro personas de Coronel Suárez: un matrimonio que vendió a sus dos hijas menores a la comunidad de gitanos, que a su vez las vendieron. Una de ellas ya tuvo un hijo (la primera relación con el varón fue a los 13 años, y él tenía 46). Este viernes, la Cámara de Casación confirmó el pedido de la jueza.
La chica que buscó a su padre por Facebook hoy está en un hogar del sistema de protección de niñez. A una de las psicólogas le dijo que quería “dejar de trabajar y tener una vida normal”. Su hermana mayor lo logró. A ella también habían querido venderla, pero se escapó. Hoy vive con un hombre que ella eligió, con el cual tuvo una hija y que la animó a estudiar. A sus 19 años, está terminando la primaria.
(Clarín)
Tags
Policiales