Cuatro de los nueve aduaneros imputados por asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público siguen presos en la delegación Posadas de la Policía Federal Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones definirá si continuarán en esa condición o la investigación seguirá con ellos libres.
Son los que supuestamente se encuentran más comprometidos en las escuchas telefónicas que obran en el expediente, hechas por expertos de la Policía Federal Argentina.
En las intercepciones de llamadas, estas personas hablan con conocidos y “paseros” en lo que, se sospecha, eran vistos buenos para el ingreso ilegal de mercadería desde el extranjero. Para no controlar, de acuerdo con la acusación, cobraban coimas.
El quinto empleado de la DGA, arrestado en los allanamientos simultáneos hechos en Posadas, Puerto Rico y Bernardo de Irigoyen el pasado 10 de octubre, nunca estuvo preso. Fue el único que declaró. Dijo desconocer las presuntas maniobras irregulares detectadas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une la capital misionera con Encarnación, Paraguay. Precisó que a su cargo estaba el trabajo administrativo de organización de guardias y no el control de ingreso y egreso del país. Su nombre es mencionado en las charlas, pero no aparece inmerso en el “trámite” de ningún ingreso ilegal.
Los cuatro imputados restantes también son “mencionados”, pero como tampoco se los ubicaría en un rol preponderante, la jueza Federal María Verónica Skanata decidió que también continuaran en libertad.
Para la magistrada, los funcionarios y otras personas aún no fueron identificados “habrían formado parte de una organización criminal, con permanencia en el tiempo o, que tenía como objetivo principal permitir y/o facilitar el ingreso al país, en forma ilegal, de mercadería de origen extranjero a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, generalmente a cambio del pago de una suma de dinero.
En efecto, para lograr este cometido, los nombrados en su calidad de funcionarios públicos, ya que se desempeñaban como agentes de contralor de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas, con funciones en el mencionado paso fronterizo, con incumplimiento o en falta de sus deberes innatos a sus cargos, presuntamente entablaban previamente contacto telefónico con personas de nacionalidad paraguaya, ‘paseros’ y/o particulares de esta región y acordaban el día, la hora y el carril de control aduanero por el que debían cruzar la frontera, a efectos de ingresar mercadería prohibida o evitar el pago de los tributos con que es gravado todo artículo de procedencia extranjera que ingresa al país, obteniendo de este modo un beneficio económico, ya que cada una de las personas que transportaba (ya sea en auto, moto o a pie) objetos de esas características les entregarían en contraprestación una determinada suma de dinero, la cual ingresaba al patrimonio de cada uno de los integrantes.
En algunos casos, permitían el ingreso de personas, sin recibir dinero a cambio, por ser amigos, conocidos, parientes de los involucrados y/o integrantes de alguna fuerza de seguridad”.
Son los que supuestamente se encuentran más comprometidos en las escuchas telefónicas que obran en el expediente, hechas por expertos de la Policía Federal Argentina.
En las intercepciones de llamadas, estas personas hablan con conocidos y “paseros” en lo que, se sospecha, eran vistos buenos para el ingreso ilegal de mercadería desde el extranjero. Para no controlar, de acuerdo con la acusación, cobraban coimas.
El quinto empleado de la DGA, arrestado en los allanamientos simultáneos hechos en Posadas, Puerto Rico y Bernardo de Irigoyen el pasado 10 de octubre, nunca estuvo preso. Fue el único que declaró. Dijo desconocer las presuntas maniobras irregulares detectadas en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une la capital misionera con Encarnación, Paraguay. Precisó que a su cargo estaba el trabajo administrativo de organización de guardias y no el control de ingreso y egreso del país. Su nombre es mencionado en las charlas, pero no aparece inmerso en el “trámite” de ningún ingreso ilegal.
Los cuatro imputados restantes también son “mencionados”, pero como tampoco se los ubicaría en un rol preponderante, la jueza Federal María Verónica Skanata decidió que también continuaran en libertad.
Para la magistrada, los funcionarios y otras personas aún no fueron identificados “habrían formado parte de una organización criminal, con permanencia en el tiempo o, que tenía como objetivo principal permitir y/o facilitar el ingreso al país, en forma ilegal, de mercadería de origen extranjero a través del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, generalmente a cambio del pago de una suma de dinero.
En efecto, para lograr este cometido, los nombrados en su calidad de funcionarios públicos, ya que se desempeñaban como agentes de contralor de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas, con funciones en el mencionado paso fronterizo, con incumplimiento o en falta de sus deberes innatos a sus cargos, presuntamente entablaban previamente contacto telefónico con personas de nacionalidad paraguaya, ‘paseros’ y/o particulares de esta región y acordaban el día, la hora y el carril de control aduanero por el que debían cruzar la frontera, a efectos de ingresar mercadería prohibida o evitar el pago de los tributos con que es gravado todo artículo de procedencia extranjera que ingresa al país, obteniendo de este modo un beneficio económico, ya que cada una de las personas que transportaba (ya sea en auto, moto o a pie) objetos de esas características les entregarían en contraprestación una determinada suma de dinero, la cual ingresaba al patrimonio de cada uno de los integrantes.
En algunos casos, permitían el ingreso de personas, sin recibir dinero a cambio, por ser amigos, conocidos, parientes de los involucrados y/o integrantes de alguna fuerza de seguridad”.
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