Según Esteban Romero, previo al desarme y quema de las viviendas, "hubo un acuerdo" con las familias afectadas.
Tras la destrucción de varias viviendas pertenecientes a la comunidad mbya-guaraní de Tecoa Kokuereí, en el municipio de San Ignacio, el intendente local, Esteban Romero, aseguró que “no fue un desalojo, fue un acuerdo entre dos o tres familias (haciendo alusión a los guaraníes) y el propietario. Estas familias intrusaron la propiedad del señor Federico Skoñieski e intercedimos con la gente de Tierras, con la gente de Derechos Humanos, para ver si se los podía relocalizar. Y estábamos en esa negociación, hasta que, el sábado, el propietario acordó con dos o tres familias y los sacó. También había otra casa que estaba en la propiedad de él a la que también se hizo el desalojo pero fue un acuerdo entre el propietario y las familias”.
Romero aclaró que la fuerza policial no habría intervenido, así como tampoco la Municipalidad.
También manifestó que “según tengo entendido no hubo ningún tipo de violencia. Lo que el propietario me había dicho fue que el acuerdo era pagar para que salieran de su propiedad”, finalizó Romero.
La denuncia
Diferente es la versión del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), de donde partió la denuncia acerca del desalojo ocurrido el sábado: “Los corrieron violentamente, amenazándolos con machetes y motosierras, y quemaron sus casas”. Así describió el episodio, en síntesis, Kiki Ramírez, una de las integrantes de la organización.
Luego que Federico Skoñieski denunciara públicamente la intrusión de cinco familias guaraníes en su propiedad de 25 hectáreas, desde diciembre del año pasado; defensoras de los derechos humanos aseguraron ayer que se produjo el “violento desalojo”.
Según lo descripto por Ramírez, “personas de identidades desconocidas amenazaron, desarmaron y quemaron las casas que pertenecían a los mbya, acreditándose las tierras como suyas y sin una orden judicial, exigiéndoles abandonar el predio”, aseguró.
La integrante del Endepa explicó, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, que “en esta comunidad se implementó la Ley 26.160 (de relevamiento territorial) quedando demarcado cuál es su territorio según esta norma. Tenemos toda la documentación que acredita que este territorio es de uso tradicional, público y actual de la comunidades”.
Aclaró que “la comunidad usa ese territorio para vivir, para hacer sus artesanías, cazar, buscar los remedios y demás, porque forma parte de la demarcación. Aunque haya un dueño con título que acredite su propiedad, estas tierras están dentro de las 100 y pico de hectáreas demarcadas, entonces, están haciendo uso en un lugar que les pertenece por ser los primeros pobladores, no es que ellos salieron de su lugar de relevamiento”, explicó basándose en la ley.
Ramírez, también contó que “las comunidades ya venían con amenazas de desalojo. Venían sufriendo el hostigamiento de algunos particulares, exigiéndoles abandonar las tierras, alegando que ese territorio es de ellos. La comunidad hizo una denuncia hace unos dos o tres meses, por esto. En estos días, también el intendente de San Ignacio fue a la comunidad y les propuso negociar cuatro hectáreas con título a cambio de la renuncia a las más de 130 hectáreas dispuestas en el marco de la Ley 26.160. Entonces, la comunidad nos llamó, porque sentían la presión del intendente”, afirmó la dirigente.
“Los niños lo vieron todo...”
La denunciante, advirtió que el miedo es el ánimo que predomina en la comunidad Kokuereí. “Estos actos violentos, se hicieron delante de los niños que vivían en esas casas. Ellos vieron como los ‘blancos’ rompieron y quemaron sus casas. Cómo las pocas cosas que tenían fueron arrojadas a la calle”.
Ramírez determinó que “vamos a tomar medidas judiciales, de hecho la abogada Roxana Rivas se esta encargando del caso, porque lo que sucedió fue un acto delictivo, el primer artículo de la Ley 26.160 prohíbe los desalojos, o sea ni un juez podría ordenar el desalojo. Los indígenas tienen derechos legales superiores a los nuestros, por ser pueblos pre-existentes”, finalizó, en representación de la comunidad mbya.
fuente:MO
Tras la destrucción de varias viviendas pertenecientes a la comunidad mbya-guaraní de Tecoa Kokuereí, en el municipio de San Ignacio, el intendente local, Esteban Romero, aseguró que “no fue un desalojo, fue un acuerdo entre dos o tres familias (haciendo alusión a los guaraníes) y el propietario. Estas familias intrusaron la propiedad del señor Federico Skoñieski e intercedimos con la gente de Tierras, con la gente de Derechos Humanos, para ver si se los podía relocalizar. Y estábamos en esa negociación, hasta que, el sábado, el propietario acordó con dos o tres familias y los sacó. También había otra casa que estaba en la propiedad de él a la que también se hizo el desalojo pero fue un acuerdo entre el propietario y las familias”.Romero aclaró que la fuerza policial no habría intervenido, así como tampoco la Municipalidad.
También manifestó que “según tengo entendido no hubo ningún tipo de violencia. Lo que el propietario me había dicho fue que el acuerdo era pagar para que salieran de su propiedad”, finalizó Romero.
La denuncia
Diferente es la versión del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), de donde partió la denuncia acerca del desalojo ocurrido el sábado: “Los corrieron violentamente, amenazándolos con machetes y motosierras, y quemaron sus casas”. Así describió el episodio, en síntesis, Kiki Ramírez, una de las integrantes de la organización.
Luego que Federico Skoñieski denunciara públicamente la intrusión de cinco familias guaraníes en su propiedad de 25 hectáreas, desde diciembre del año pasado; defensoras de los derechos humanos aseguraron ayer que se produjo el “violento desalojo”.
Según lo descripto por Ramírez, “personas de identidades desconocidas amenazaron, desarmaron y quemaron las casas que pertenecían a los mbya, acreditándose las tierras como suyas y sin una orden judicial, exigiéndoles abandonar el predio”, aseguró.
La integrante del Endepa explicó, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN, que “en esta comunidad se implementó la Ley 26.160 (de relevamiento territorial) quedando demarcado cuál es su territorio según esta norma. Tenemos toda la documentación que acredita que este territorio es de uso tradicional, público y actual de la comunidades”.
Aclaró que “la comunidad usa ese territorio para vivir, para hacer sus artesanías, cazar, buscar los remedios y demás, porque forma parte de la demarcación. Aunque haya un dueño con título que acredite su propiedad, estas tierras están dentro de las 100 y pico de hectáreas demarcadas, entonces, están haciendo uso en un lugar que les pertenece por ser los primeros pobladores, no es que ellos salieron de su lugar de relevamiento”, explicó basándose en la ley.
Ramírez, también contó que “las comunidades ya venían con amenazas de desalojo. Venían sufriendo el hostigamiento de algunos particulares, exigiéndoles abandonar las tierras, alegando que ese territorio es de ellos. La comunidad hizo una denuncia hace unos dos o tres meses, por esto. En estos días, también el intendente de San Ignacio fue a la comunidad y les propuso negociar cuatro hectáreas con título a cambio de la renuncia a las más de 130 hectáreas dispuestas en el marco de la Ley 26.160. Entonces, la comunidad nos llamó, porque sentían la presión del intendente”, afirmó la dirigente.
“Los niños lo vieron todo...”
La denunciante, advirtió que el miedo es el ánimo que predomina en la comunidad Kokuereí. “Estos actos violentos, se hicieron delante de los niños que vivían en esas casas. Ellos vieron como los ‘blancos’ rompieron y quemaron sus casas. Cómo las pocas cosas que tenían fueron arrojadas a la calle”.
Ramírez determinó que “vamos a tomar medidas judiciales, de hecho la abogada Roxana Rivas se esta encargando del caso, porque lo que sucedió fue un acto delictivo, el primer artículo de la Ley 26.160 prohíbe los desalojos, o sea ni un juez podría ordenar el desalojo. Los indígenas tienen derechos legales superiores a los nuestros, por ser pueblos pre-existentes”, finalizó, en representación de la comunidad mbya.
fuente:MO
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