Entre los condenados que habían pedido el beneficio se encuentran el ex comisario Miguel Etchecolatz, el cura Christian Von Wernich, y el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de platense Isabelino Vega
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el "2×1" al represor Luis Muiña desencadenó una serie de pedidos de abogados de condenados por delitos de lesa humanidad para que sus defendidos también pudieran gozar de ese beneficio. Sin embargo, distintos jueces de menor instancia rechazaron esas solicitudes y fueron en contra del voto mayoritario del máximo tribunal.
Un caso emblemático de esa postura judicial es el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que rechazó en los últimos días 10 presentaciones formuladas por condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que pidieron que se aplique al cómputo de sus penas el beneficio de la ley del "2×1". A través de esos requerimientos, las defensas de los represores solicitaron la excarcelación o el beneficio de la libertad condicional, en los casos de penas firmes.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), al resumir los casos, los rechazos del tribunal fueron dictados con dictámenes previos en el mismo sentido de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado, que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.
El MPF además indicó que el tribunal tiene a disposición cerca de 100 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad y en los próximos días deberá pronunciarse frente a otros pedidos similares.
Las presentaciones rechazadas son las del ex comisario Miguel Etchecolatz, el cura Christian Von Wernich, el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata Isabelino Vega, el guardiacárcel de esa unidad Raúl Rebaynera, dos médicos penitenciarios que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi; los civiles de inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza -condenados en la causa por crímenes en "La Cacha"-, y el civil apropiador de una niña Omar Alonso.
Las resoluciones sobre Etchecolatz, Rebaynera y Vega fueron dictadas por el juez Germán Castelli y las que tratan los casos de Von Wernich, Jurío y Corsi por su colega Pablo Vega. Esas decisiones fueron unipersonales, dado que las causas atraviesan la fase de ejecución penal por encontrarse firmes las sentencias condenatorias.
El resto de los pedidos fueron resueltos por los tres jueces del tribunal. Una particularidad de estas últimas es que se resolvieron por la mayoría integrada por Vega y Castelli. El juez Alejandro Esmoris se pronunció en minoría a favor de aplicar el "2×1", por considerar que se trató de una ley penal más benigna.
Los argumentos
En los tres casos, los magistrados fueron coherentes con su postura anterior al fallo "Muiña" de la Corte Suprema: Castelli y Vega tienen la posición de que la ley del "2×1" no es aplicable a personas que no hayan estado detenidas durante la vigencia de siete años de esa norma, entre 1994 y 2001.
Tanto Castelli como Vega se remitieron al primer precedente que firmaron acerca de esta cuestión cuando tuvieron que abordar el caso del chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, a quien -también por mayoría- le negaron el cómputo privilegiado el 13 de marzo pasado. Y sostuvieron, además, que los tribunales pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte.
Esmoris, en tanto, suscribió en las últimas decisiones la misma postura minoritaria en "Guallama". Esa misma posición había adoptado como juez de ejecución el 16 de febrero y el 18 de abril pasado para beneficiar con el cómputo privilegiado al ex jefe de Seguridad de la Unidad 9 Víctor Ríos y al ex guardiacárcel Catalino Morel, condenados en 2010 a prisión perpetua y a 25 años de cárcel, respectivamente. Las dos decisiones fueron recurridas por la Unidad Fiscal platense ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Con información de DyN
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con el "2×1" al represor Luis Muiña desencadenó una serie de pedidos de abogados de condenados por delitos de lesa humanidad para que sus defendidos también pudieran gozar de ese beneficio. Sin embargo, distintos jueces de menor instancia rechazaron esas solicitudes y fueron en contra del voto mayoritario del máximo tribunal.
Un caso emblemático de esa postura judicial es el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que rechazó en los últimos días 10 presentaciones formuladas por condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura, que pidieron que se aplique al cómputo de sus penas el beneficio de la ley del "2×1". A través de esos requerimientos, las defensas de los represores solicitaron la excarcelación o el beneficio de la libertad condicional, en los casos de penas firmes.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), al resumir los casos, los rechazos del tribunal fueron dictados con dictámenes previos en el mismo sentido de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado, que integran los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, y el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira.
El MPF además indicó que el tribunal tiene a disposición cerca de 100 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad y en los próximos días deberá pronunciarse frente a otros pedidos similares.
Las presentaciones rechazadas son las del ex comisario Miguel Etchecolatz, el cura Christian Von Wernich, el ex subjefe de la Unidad Penal 9 de La Plata Isabelino Vega, el guardiacárcel de esa unidad Raúl Rebaynera, dos médicos penitenciarios que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi; los civiles de inteligencia castrense Claudio Grande, Rufino Batalla y Raúl Espinoza -condenados en la causa por crímenes en "La Cacha"-, y el civil apropiador de una niña Omar Alonso.
Las resoluciones sobre Etchecolatz, Rebaynera y Vega fueron dictadas por el juez Germán Castelli y las que tratan los casos de Von Wernich, Jurío y Corsi por su colega Pablo Vega. Esas decisiones fueron unipersonales, dado que las causas atraviesan la fase de ejecución penal por encontrarse firmes las sentencias condenatorias.
El resto de los pedidos fueron resueltos por los tres jueces del tribunal. Una particularidad de estas últimas es que se resolvieron por la mayoría integrada por Vega y Castelli. El juez Alejandro Esmoris se pronunció en minoría a favor de aplicar el "2×1", por considerar que se trató de una ley penal más benigna.
Los argumentos
En los tres casos, los magistrados fueron coherentes con su postura anterior al fallo "Muiña" de la Corte Suprema: Castelli y Vega tienen la posición de que la ley del "2×1" no es aplicable a personas que no hayan estado detenidas durante la vigencia de siete años de esa norma, entre 1994 y 2001.
Tanto Castelli como Vega se remitieron al primer precedente que firmaron acerca de esta cuestión cuando tuvieron que abordar el caso del chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, a quien -también por mayoría- le negaron el cómputo privilegiado el 13 de marzo pasado. Y sostuvieron, además, que los tribunales pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte.
Esmoris, en tanto, suscribió en las últimas decisiones la misma postura minoritaria en "Guallama". Esa misma posición había adoptado como juez de ejecución el 16 de febrero y el 18 de abril pasado para beneficiar con el cómputo privilegiado al ex jefe de Seguridad de la Unidad 9 Víctor Ríos y al ex guardiacárcel Catalino Morel, condenados en 2010 a prisión perpetua y a 25 años de cárcel, respectivamente. Las dos decisiones fueron recurridas por la Unidad Fiscal platense ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Con información de DyN
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