El Ministerio de Justicia impulsa una iniciativa que apunta a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Los cuatro ejes de la propuesta del oficialismo
Los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación ya trabajan en el proyecto de ley que presentarán en el Congreso para discutir un nuevo régimen penal juvenil. La iniciativa tendrá varios puntos –el más polémico es el que propone bajar la edad de imputabilidad– con un objetivo común: una norma que logre evitar que los jóvenes que cometen un delito vuelvan a hacerlo.
Esa fue la conclusión general a la que se llegó en las ocho mesas de trabajo que comenzaron el mes pasado y que terminaron la semana pasada en la sede del Ministerio con especialidades y que fueron encabezadas por el subsecretario de Policía Criminal, Martín Casares. Hubo unanimidad en la necesidad de reformar una norma – ley decreto 22.278– que tiene 36 años y que fue impuesta en 1980 durante la última dictadura militar.
Desde hace algunos días, una comisión redactora trabaja en el proyecto de ley, informaron a Infobae fuentes oficiales. La idea es que la iniciativa esté terminada la semana que viene y que en un plazo no mayor de dos meses se presente en el Congreso, que en definitiva será donde se resuelva si se modifica la norma y qué aspectos de ella.
El tema es tan importante para el gobierno que el presidente Mauricio Macri anunciará mañana en la apertura de la asamblea legisltiva el envío de la iniciativa. Casares ya comunicó a la Casa Rosada los lineamentos del proyecto para el discurso de Macri.
El proyecto tendrá cuatro puntos centrales:
-Edad de imputabilidad: Es el tema que genera mayor polémica y resistencia porque muchos especialistas (UNICEF, Defensoría General de la Nación, Fundación SUR Argentina, entre otros) entienden que bajar la edad a partir de la cuál un chico puede ser penado y eventualmente internado en un instituto no soluciona el delito en los jóvenes. El castigo penal no soluciona el delito y tampoco la reincidencia. Esa discusión se dio la semana pasada en el Ministerio –fue la última de los ocho mesas de trabajo – y de 120 personas que participaron, 35 se opusieron.
Sin embargo, en el Ministerio tienen otra postura y propondrán modificar la edad de imputabilidad. El proyecto establecerá que a partir de los 14 años un chico puede ser punible cuando comete delitos graves, como un homicidio o una violación. Los llamados delitos contra la vida.
La actual legislación establece que un chico es inumputable desde los 16 años y a partir de esa edad puede afrontar una causa penal. En el gobierno sostienen que a los 14 años un chico sabe que matar está mal y que puede comprender ese acto. Por eso propondrá bajar hasta edad la punibilidad en casos de delitos graves.
No habrá sanción o causa penal para los que entre 14 o 16 años cometen delitos leves. Una discusión que se está dando es si para esos casos se pueden aplicar medidas socio-educativas que tengan que cumplir de manera obligatorio.
Durante las mesas de debate, un juez de menores contó el caso de un chico que a los 16 años cometió un delito pero que venía con antecedentes en otras 15 causas que nunca fueron tratadas porque era inimputable.
Medidas socio educativas y una justicia restaurativa
Para que haya un seguimiento de esos casos, el Gobierno planteará dos propuestas que no tendrán un alcance penal. La primera son medidas socio educativas que se aplicarán analizando caso por caso y por orden del juez. El objetivo es trabajar sobre las problemáticas sociales y familiares que pueda tener cada menor y el acceso o no a la educación.
Esas medidas pueden ser terminar la escuela, aprender un oficio, ir al psicólogo, hacer deportes o iniciar un tratamiento contra las drogas. Trabajar sobre las conflictividades sociales es más eficiente que el castigo penal para evitar la reincidencia en el delito.
En el Ministerio quieren aplicar esas medidas a partir de los 14 años pero hubo resistencia durante el debate.
La iniciativa de la justicia restaurativa es buscar una alternativa al castigo penal para que el chico puede acercarse a la víctima y reparar el daño que cometió, por ejemplo devolver lo robado. Las alternativas que se analizan es aplicar un sistema de conciliación o mediación entre las partes en las que puedan hablar y llegar a un acuerdo sobre lo ocurrido.
La figura del tutor
La iniciativa más novedosa que propondrá el gobierno es la creación de la figura de tutor. Se trata de un especialista que estará encargado de seguir de manera personalizada el legajo de cada menor que cometa un delito.
Su tarea será la de hacer un seguimiento periódico de las medidas socio educativas que que se le apliquen a los chicos.
Mejorar las condiciones de alojamiento de los institutos de menores
Todos saben que los institutos de menores no son lugares para llevar adelante un tratamiento, sino que son directamente cárceles. Por eso, uno de los puntos del proyecto que presentará el Ministerio de Justicia es apuntar a mejorar las condiciones de alojamiento y que se apliquen los programas de educación, de salud y de tratamiento psicológico que se requieren. Esa iniciativa necesita de fondos que mejoren esas condiciones y de la intervención de las provincias porque los institutos de menores dependen de ellas.
Una vez que el proyecto esté terminado en el Ministerio de Justicia analizan la posibilidad de hacer una presentación pública antes de enviarlo al Congreso. Esa instancia no será para discutir la iniciativa. En la cartera que conduce Germán Garavano sostienen que la etapa de debate concluyó y que fue amplia.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación ya trabajan en el proyecto de ley que presentarán en el Congreso para discutir un nuevo régimen penal juvenil. La iniciativa tendrá varios puntos –el más polémico es el que propone bajar la edad de imputabilidad– con un objetivo común: una norma que logre evitar que los jóvenes que cometen un delito vuelvan a hacerlo.
Esa fue la conclusión general a la que se llegó en las ocho mesas de trabajo que comenzaron el mes pasado y que terminaron la semana pasada en la sede del Ministerio con especialidades y que fueron encabezadas por el subsecretario de Policía Criminal, Martín Casares. Hubo unanimidad en la necesidad de reformar una norma – ley decreto 22.278– que tiene 36 años y que fue impuesta en 1980 durante la última dictadura militar.
Desde hace algunos días, una comisión redactora trabaja en el proyecto de ley, informaron a Infobae fuentes oficiales. La idea es que la iniciativa esté terminada la semana que viene y que en un plazo no mayor de dos meses se presente en el Congreso, que en definitiva será donde se resuelva si se modifica la norma y qué aspectos de ella.
El tema es tan importante para el gobierno que el presidente Mauricio Macri anunciará mañana en la apertura de la asamblea legisltiva el envío de la iniciativa. Casares ya comunicó a la Casa Rosada los lineamentos del proyecto para el discurso de Macri.
El proyecto tendrá cuatro puntos centrales:
-Edad de imputabilidad: Es el tema que genera mayor polémica y resistencia porque muchos especialistas (UNICEF, Defensoría General de la Nación, Fundación SUR Argentina, entre otros) entienden que bajar la edad a partir de la cuál un chico puede ser penado y eventualmente internado en un instituto no soluciona el delito en los jóvenes. El castigo penal no soluciona el delito y tampoco la reincidencia. Esa discusión se dio la semana pasada en el Ministerio –fue la última de los ocho mesas de trabajo – y de 120 personas que participaron, 35 se opusieron.
Sin embargo, en el Ministerio tienen otra postura y propondrán modificar la edad de imputabilidad. El proyecto establecerá que a partir de los 14 años un chico puede ser punible cuando comete delitos graves, como un homicidio o una violación. Los llamados delitos contra la vida.
La actual legislación establece que un chico es inumputable desde los 16 años y a partir de esa edad puede afrontar una causa penal. En el gobierno sostienen que a los 14 años un chico sabe que matar está mal y que puede comprender ese acto. Por eso propondrá bajar hasta edad la punibilidad en casos de delitos graves.
No habrá sanción o causa penal para los que entre 14 o 16 años cometen delitos leves. Una discusión que se está dando es si para esos casos se pueden aplicar medidas socio-educativas que tengan que cumplir de manera obligatorio.
Durante las mesas de debate, un juez de menores contó el caso de un chico que a los 16 años cometió un delito pero que venía con antecedentes en otras 15 causas que nunca fueron tratadas porque era inimputable.
Medidas socio educativas y una justicia restaurativa
Para que haya un seguimiento de esos casos, el Gobierno planteará dos propuestas que no tendrán un alcance penal. La primera son medidas socio educativas que se aplicarán analizando caso por caso y por orden del juez. El objetivo es trabajar sobre las problemáticas sociales y familiares que pueda tener cada menor y el acceso o no a la educación.
Esas medidas pueden ser terminar la escuela, aprender un oficio, ir al psicólogo, hacer deportes o iniciar un tratamiento contra las drogas. Trabajar sobre las conflictividades sociales es más eficiente que el castigo penal para evitar la reincidencia en el delito.En el Ministerio quieren aplicar esas medidas a partir de los 14 años pero hubo resistencia durante el debate.
La iniciativa de la justicia restaurativa es buscar una alternativa al castigo penal para que el chico puede acercarse a la víctima y reparar el daño que cometió, por ejemplo devolver lo robado. Las alternativas que se analizan es aplicar un sistema de conciliación o mediación entre las partes en las que puedan hablar y llegar a un acuerdo sobre lo ocurrido.
La figura del tutor
La iniciativa más novedosa que propondrá el gobierno es la creación de la figura de tutor. Se trata de un especialista que estará encargado de seguir de manera personalizada el legajo de cada menor que cometa un delito.
Su tarea será la de hacer un seguimiento periódico de las medidas socio educativas que que se le apliquen a los chicos.
Mejorar las condiciones de alojamiento de los institutos de menores
Todos saben que los institutos de menores no son lugares para llevar adelante un tratamiento, sino que son directamente cárceles. Por eso, uno de los puntos del proyecto que presentará el Ministerio de Justicia es apuntar a mejorar las condiciones de alojamiento y que se apliquen los programas de educación, de salud y de tratamiento psicológico que se requieren. Esa iniciativa necesita de fondos que mejoren esas condiciones y de la intervención de las provincias porque los institutos de menores dependen de ellas.
Una vez que el proyecto esté terminado en el Ministerio de Justicia analizan la posibilidad de hacer una presentación pública antes de enviarlo al Congreso. Esa instancia no será para discutir la iniciativa. En la cartera que conduce Germán Garavano sostienen que la etapa de debate concluyó y que fue amplia.
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