El vocero de la Presidencia de Michel Temer anunció que los militares estarán a disposición de los gobiernos locales, que deben autorizar su ingreso a los penales. En las últimas dos semanas se encadenaron violentas rebeliones que terminaron con reos decapitados, quemados y torturados
Alexandre Parola, vocero de la Presidencia de Brasil, hizo el anuncio en rueda de prensa. La decisión, afirmó, se tomó porque la crisis ya alcanzó "al ámbito nacional".
Según explicó, los militares harán inspecciones rutinarias en busca de armas y subrayó que serán los gobernadores de cada estado los que tendrán que dar permiso para que el Ejército entre en las cárceles, ya que son de su competencia.
La crisis que causó más de 130 muertos en los presidios desde el comienzo del año volvió a dejar imágenes caóticas en la penitenciaría de Alcaçuz, donde 26 reclusos fueron asesinados este fin de semana.
Este martes, la policía disparó balas de goma desde el exterior contra los presos que trataban de invadir los pabellones de las facciones rivales, en un movimiento similar al que desencadenó la matanza del sábado.
A las puertas de la cárcel, familiares afirmaban que reclusos de la facción local Sindicato do Crime RN —a la que pertenecía la mayoría de los asesinados del fin de semana— trataban de invadir el pabellón donde se encontraban sus rivales del poderoso PCC.
"La situación es muy tensa", afirmó el mayor de la Guardia Penitenciaria, Wellington Camilo, al sitio de información G1.
El feroz enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital (PCC) de San Pablo y el Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro y sus aliados locales por el control de las rutas de la cocaína incendió las cárceles brasileñas en las últimas semanas.
En lo que va del año, 134 presos fueron asesinados en varias exhibiciones de violencia extrema, según un cómputo hecho por el diario Folha de Sao Paulo con datos del Ministerio de Justicia.
En un momento en el que se está definiendo el nuevo mapa del narcotráfico en Brasil, la tensión ya no se restringe a la estratégica región norte —fronteriza con los grandes productores de cocaína de Colombia y Perú—, donde ocurrieron las matanzas de Manaos y Roraima.
Estados del rico sur y sudeste, como Paraná y Minas Gerais, también sufrieron fugas y tentativas de motines en los últimos días.
Alexandre Parola, vocero de la Presidencia de Brasil, hizo el anuncio en rueda de prensa. La decisión, afirmó, se tomó porque la crisis ya alcanzó "al ámbito nacional".Según explicó, los militares harán inspecciones rutinarias en busca de armas y subrayó que serán los gobernadores de cada estado los que tendrán que dar permiso para que el Ejército entre en las cárceles, ya que son de su competencia.
La crisis que causó más de 130 muertos en los presidios desde el comienzo del año volvió a dejar imágenes caóticas en la penitenciaría de Alcaçuz, donde 26 reclusos fueron asesinados este fin de semana.
Este martes, la policía disparó balas de goma desde el exterior contra los presos que trataban de invadir los pabellones de las facciones rivales, en un movimiento similar al que desencadenó la matanza del sábado.
A las puertas de la cárcel, familiares afirmaban que reclusos de la facción local Sindicato do Crime RN —a la que pertenecía la mayoría de los asesinados del fin de semana— trataban de invadir el pabellón donde se encontraban sus rivales del poderoso PCC.
"La situación es muy tensa", afirmó el mayor de la Guardia Penitenciaria, Wellington Camilo, al sitio de información G1.
El feroz enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital (PCC) de San Pablo y el Comando Vermelho (CV) de Río de Janeiro y sus aliados locales por el control de las rutas de la cocaína incendió las cárceles brasileñas en las últimas semanas.
En lo que va del año, 134 presos fueron asesinados en varias exhibiciones de violencia extrema, según un cómputo hecho por el diario Folha de Sao Paulo con datos del Ministerio de Justicia.
En un momento en el que se está definiendo el nuevo mapa del narcotráfico en Brasil, la tensión ya no se restringe a la estratégica región norte —fronteriza con los grandes productores de cocaína de Colombia y Perú—, donde ocurrieron las matanzas de Manaos y Roraima.
Estados del rico sur y sudeste, como Paraná y Minas Gerais, también sufrieron fugas y tentativas de motines en los últimos días.
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