Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Mauricio Macri, el Estado argentino dio marcha atrás en su legislación respecto a los extranjeros.
Este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) un Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y todo su gabinete de ministros. La resolución establece una modificación de la ley de Migraciones 25.871 y la de Ciudadanía 346 con el objetivo de facilitar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos o estén en situación irregular.
La normativa, que no fue tratada por el Congreso Nacional argentino, aunque en última instancia deberá ser ratificada por el mismo, ha generado polémica en distintos sectores, ya que es considerada una regresión en materia de derechos migratorios.
Argumentos para la reforma
El texto del decreto 70/2017 recuerda que el Estado Nacional "tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales". Sin embargo, sostiene que "el adecuado cumplimiento de dicho objetivo se ve seriamente dificultado por la actual duración de los procesos administrativos y judiciales en materia migratoria". Además sostiene que "ante recientes hechos de criminalidad organizada" que fueron de "público y notorio conocimiento", el Estado Nacional ha enfrentado "severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera".
Como dato estadístico se aporta que más del 21% de los detenidos "bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal" son extranjeros, lo que supone un número mucho más elevado que el 4,5% de no argentinos que residen en el país. Asimismo este número asciende al 33% en casos de delitos relacionados con el narcotráfico.
Todo esto es calificado como una "situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".
¿Qué plantea la reforma?
Entre las modificaciones se establece como motivo de expulsión de cualquier extranjero, tener abierta una investigación judicial por algún hecho delictivo. Antes era necesario tener una condena efectiva. Asimismo, se decreta como causal de impedimento de ingreso al país omitir que se tienen antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización del crimen organizado, como narcotráfico, trata, tráfico de órganos (aunque no haya condena). Además, "solo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".
Pero esto también se aplica a aquellos migrantes que no hayan cometido ningún delito pero se encuentren en situación administrativa irregular. Es decir, quienes por distintos motivos no hayan logrado tramitar la residencia permanente o nacionalidad argentina, también podrán ser deportados. Incluso, por el solo hecho de ser denunciados por algún delito penal y que se les abra una investigación al respecto pueden ser expulsados del país.
A eso se suman mayores requerimientos para tramitar la nacionalidad: hoy es necesario acreditar dos años de residencia en el país, a partir de esta medida será necesario que el pedido sea evaluado por un juez federal y demostrar que la residencia es legal.
Por otra parte, quien sea expulsado del territorio argentino tendrá una inhabilitación de ocho años para reingresar en caso de delitos dolosos y cinco años para delitos culposos. Hasta ahora eran cinco años indistintamente.
Finalmente se acortan los plazos legales para tramitar la expulsión y se le cancela la residencia permanente "a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria". Las únicas excepciones serán para quienes estén ejerciendo "una función pública argentina" o "actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés" para el país.
Críticas
Desde hace varios meses el gobierno de Macri viene planteando la necesidad de esta política. De hecho, durante el 2016 se intentó crear un centro de detención de migrantes que por el momento no ha avanzado. Por estos motivos diversas organizaciones de derechos humanos y abogados han planteado sus cuestionamientos.
El docente de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador Horacio Etchychury publicó una serie de tuits donde destacó el carácter anticonstitucional de diversos artículos del decreto. Por un lado señaló que "es inconstitucional por regular privación de libertad y efectos de procesamiento y condena penal", lo cual viola artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional argentina. En el mismo sentido criticó que no garantiza la defensa gratuita, "solo a pedido de parte y probando falta de recursos", lo cual va en contra del artículo 24 de la Carta Magna. Finalmente al permitir la "expulsión antes de que el caso llegue a la Corte Suprema mediante recurso directo", se enfrenta a lo planteado en el artículo 18 del mismo texto fundamental.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe que discute con las estadísticas brindadas por el Gobierno nacional para justificar esta reforma de la legislación. Si bien es cierto que el 21,3% de los detenidos en cárceles federales (que reciben presos por delitos que se realizan en gran parte en la frontera como el narcotráfico y la trata de personas) son extranjeros, el porcentaje desciende al 6% cuando se consideran todas las prisiones argentinas en su conjunto. Este número se acerca mucho a la población total de migrantes en el país (4,5%).
Días antes de la sanción del decreto, anticipándose a esta decisión, más de 130 organizaciones de migrantes, derechos humanos, sociales, eclesiásticas y académicas solicitaron una reunión urgente con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para debatir la modificación de la ley. En una carta enviada con copia a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, las entidades expresaron "preocupación y desconcierto" ante las versiones que circulaban del decreto. Asimismo consideraron como "absolutamente infundada" la decisión y cuestionaron que la modificación de la normativa no pase por el Congreso Nacional en el marco de un debate democrático y plural.
"Nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un debate real sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado", concluyeron.
Este lunes se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) un Decreto de Necesidad y Urgencia que lleva la firma del presidente Mauricio Macri y todo su gabinete de ministros. La resolución establece una modificación de la ley de Migraciones 25.871 y la de Ciudadanía 346 con el objetivo de facilitar la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos o estén en situación irregular.
La normativa, que no fue tratada por el Congreso Nacional argentino, aunque en última instancia deberá ser ratificada por el mismo, ha generado polémica en distintos sectores, ya que es considerada una regresión en materia de derechos migratorios.
Argumentos para la reforma
El texto del decreto 70/2017 recuerda que el Estado Nacional "tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales". Sin embargo, sostiene que "el adecuado cumplimiento de dicho objetivo se ve seriamente dificultado por la actual duración de los procesos administrativos y judiciales en materia migratoria". Además sostiene que "ante recientes hechos de criminalidad organizada" que fueron de "público y notorio conocimiento", el Estado Nacional ha enfrentado "severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera".
Como dato estadístico se aporta que más del 21% de los detenidos "bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal" son extranjeros, lo que supone un número mucho más elevado que el 4,5% de no argentinos que residen en el país. Asimismo este número asciende al 33% en casos de delitos relacionados con el narcotráfico.
Todo esto es calificado como una "situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".
¿Qué plantea la reforma?
Entre las modificaciones se establece como motivo de expulsión de cualquier extranjero, tener abierta una investigación judicial por algún hecho delictivo. Antes era necesario tener una condena efectiva. Asimismo, se decreta como causal de impedimento de ingreso al país omitir que se tienen antecedentes penales en el país de origen y tener antecedentes de haber participado de alguna organización del crimen organizado, como narcotráfico, trata, tráfico de órganos (aunque no haya condena). Además, "solo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".
Pero esto también se aplica a aquellos migrantes que no hayan cometido ningún delito pero se encuentren en situación administrativa irregular. Es decir, quienes por distintos motivos no hayan logrado tramitar la residencia permanente o nacionalidad argentina, también podrán ser deportados. Incluso, por el solo hecho de ser denunciados por algún delito penal y que se les abra una investigación al respecto pueden ser expulsados del país.
A eso se suman mayores requerimientos para tramitar la nacionalidad: hoy es necesario acreditar dos años de residencia en el país, a partir de esta medida será necesario que el pedido sea evaluado por un juez federal y demostrar que la residencia es legal.
Por otra parte, quien sea expulsado del territorio argentino tendrá una inhabilitación de ocho años para reingresar en caso de delitos dolosos y cinco años para delitos culposos. Hasta ahora eran cinco años indistintamente.
Finalmente se acortan los plazos legales para tramitar la expulsión y se le cancela la residencia permanente "a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria". Las únicas excepciones serán para quienes estén ejerciendo "una función pública argentina" o "actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés" para el país.
Críticas
Desde hace varios meses el gobierno de Macri viene planteando la necesidad de esta política. De hecho, durante el 2016 se intentó crear un centro de detención de migrantes que por el momento no ha avanzado. Por estos motivos diversas organizaciones de derechos humanos y abogados han planteado sus cuestionamientos.
El docente de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador Horacio Etchychury publicó una serie de tuits donde destacó el carácter anticonstitucional de diversos artículos del decreto. Por un lado señaló que "es inconstitucional por regular privación de libertad y efectos de procesamiento y condena penal", lo cual viola artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional argentina. En el mismo sentido criticó que no garantiza la defensa gratuita, "solo a pedido de parte y probando falta de recursos", lo cual va en contra del artículo 24 de la Carta Magna. Finalmente al permitir la "expulsión antes de que el caso llegue a la Corte Suprema mediante recurso directo", se enfrenta a lo planteado en el artículo 18 del mismo texto fundamental.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe que discute con las estadísticas brindadas por el Gobierno nacional para justificar esta reforma de la legislación. Si bien es cierto que el 21,3% de los detenidos en cárceles federales (que reciben presos por delitos que se realizan en gran parte en la frontera como el narcotráfico y la trata de personas) son extranjeros, el porcentaje desciende al 6% cuando se consideran todas las prisiones argentinas en su conjunto. Este número se acerca mucho a la población total de migrantes en el país (4,5%).
Días antes de la sanción del decreto, anticipándose a esta decisión, más de 130 organizaciones de migrantes, derechos humanos, sociales, eclesiásticas y académicas solicitaron una reunión urgente con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para debatir la modificación de la ley. En una carta enviada con copia a la canciller Susana Malcorra y al secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, las entidades expresaron "preocupación y desconcierto" ante las versiones que circulaban del decreto. Asimismo consideraron como "absolutamente infundada" la decisión y cuestionaron que la modificación de la normativa no pase por el Congreso Nacional en el marco de un debate democrático y plural.
"Nos preocupa que las propuestas de reforma presentadas asocien la migración al delito, instalando un falso problema que desplaza un debate real sobre cómo abordar problemas de seguridad y violencia en un mundo globalizado", concluyeron.
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