Se trata de inmuebles que “ya no pueden ser utilizados por encontrarse con elevados niveles de deterioro, haber perdido funcionalidad, estar ubicados en lugares inconvenientes o requerir elevados costos de reparación”
El gobierno nacional autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 33 propiedades públicas, entre las que se encuentran las residencias oficiales de los embajadores argentinos en los Estados Unidos y Brasil, y oficinas de la embajada en Colombia, que actualmente están sin uso.
El decreto 1064/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial y anticipado por Infobae la semana pasada, enumera los ocho inmuebles y terrenos a vender que están en el exterior del país; los demás se reparten entre ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Jujuy.
"Mantener ociosos dichos inmuebles implicaría desatender intereses prioritarios del Estado Nacional, por cuanto las operaciones que se impulsan no sólo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población", se argumenta en el texto de la norma.
El gobierno nacional autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender 33 propiedades públicas, entre las que se encuentran las residencias oficiales de los embajadores argentinos en los Estados Unidos y Brasil, y oficinas de la embajada en Colombia, que actualmente están sin uso.
El decreto 1064/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial y anticipado por Infobae la semana pasada, enumera los ocho inmuebles y terrenos a vender que están en el exterior del país; los demás se reparten entre ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Jujuy.
"Mantener ociosos dichos inmuebles implicaría desatender intereses prioritarios del Estado Nacional, por cuanto las operaciones que se impulsan no sólo constituirán una fuente de ingresos para el Tesoro Nacional, sino que además generarán un impulso en la economía al reactivar diversas actividades productivas, lo que redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población", se argumenta en el texto de la norma.
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