El juez consideró que las pruebas pendientes que entendían que debían hacerse concluyeron y no arrojaron ninguna incriminación contra Macri en las escuchas”.
El magistrado firmó hoy un fallo en el que afirmó que correspondía “desvincular definitivamente a Mauricio Macri” de esa investigación. Casanello sostuvo que no había “siquiera una prueba directa” que acreditara que Macri había ordenado escuchar a su cuñado, Néstor Leonardo ni al opositor Sergio Burstein.
Además, tampoco para “adjudicarle formar parte de unas asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino”.
Siguen procesados e irán a juicio el espía Ciro James, el ex comisario Alberto “Fino” Palacios, Osvaldo Chamorro, Mariano Narodowski y los funcionarios policiales y judiciales de Misiones que habían sido procesados. Por el escándalo fueron destituidos los jueces Horacio Gallardo -fallecido- y José Luis Rey, quien deberá sentarse al banquillo de los acusados.
La Causa por Espionaje o causa de las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires se refiere a una denuncia relacionada con una supuesta estructura de espionaje paraestatal, con escuchas telefónicas ilegales que presuntamente habría empleado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fines personales. Por la misma se encuentran procesados el Ex-Jefe de gobierno de Buenos Aires y actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri y el ex ministro de Educación del gobierno porteño, Mariano Narodowski.
En octubre de 2009, Sergio Burstein, líder de la comunidad judía que había liderado la oposición contra el nombramiento de Fino Palacios como jefe de Policía debido a sus conexiones con el atentado terrorista a la AMIA de 1994, denunció penalmente que estaba siendo espiado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Burstein creía que estaba siendo amenazado y pidió custodia para su casa antes de saber que tenía los teléfonos intervenidos.
Ciro Gerardo James, un abogado y miembro de la Policía Federal, fue detenido el 5 de octubre de 2009 acusado de realizar escuchas telefónicas ilegales por orden del ex comisario Jorge Alberto «Fino» Palacios, cuando la justicia le encontró, durante un allanamiento, dos aparatos para interferir teléfonos.
Jorge Alberto «Fino» Palacios, fue detenido el 17 de noviembre de 2009. El jefe de Gobierno porteño sostuvo que se trataba de una maniobra política impulsada por el kirchnerismo.
El 14 de mayo de 2010 el juez Norberto Oyarbide lo procesó junto a «Fino» Palacios por considerarlos partícipes necesarios de una asociación ilícita. Oyarbide sobreseyó al también denunciado ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro.
En diciembre de 2010, el máximo tribunal penal del país, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenó al juez Oyarbide que disponga la inmediata liberación de Palacios cuestionando por segunda vez la actuación del juez que debía investigar y no sancionar. Los jueces le recordaron que ya habían anulado un fallo de Oyarbide relativo al encierro de Palacios por serios defectos en su fundamentación pero que el juez había vuelto a incurrir en todos los defectos que habían buscado prevenir y le recordaron que la misión del juez instructor se «vincula exclusivamente con el descubrimiento de la verdad».
El juez de instrucción de Posadas, José Luis Rey y el juez de instrucción de Posadas Horacio Gallardo, fueron destituidos por haber ordenado las escuchas.
En mayo de 2010 el juez Oyarbide procesó también el ex ministro de Educación del gobierno porteño, Mariano Narodowski.
El 14 de mayo también procesó a Mauricio Macri por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
La gravedad del caso estaría dada por el hecho de que el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría sido quien impulsó, a través del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Alberto «Fino» Palacios, la contratación del ex policía federal Ciro Gerardo James para realizar las escuchas ilegales que tuvieron como víctimas al cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo, y a Sergio Burstein.
La sala I de la Cámara de Casación Penal formada por los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero le sugirió a Oyarbide que no investigara el expediente como si se tratara de escuchas ilegales aisladas sino como una organización paraestatal de espionaje.
El 8 de junio de 2012, la sala III de la Cámara de Casación Penal desestimó una apelación de Mauricio Macri con lo cual quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.
El tribunal también rechazó el recurso de casación que había planteado la defensa de Macri contra el juez, por lo que Norberto Oyarbide continuará a cargo de la causa.
En febrero de 2014, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que no hay pruebas suficientes contra el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri como para enviarlo a juicio oral, con lo cual la causa sigue en espera de una resolución final.
En marzo de 2015, los abogados de Mauricio Macri presentaron un escrito de 20 carillas ante la Cámara Federal para que el tribunal lo desligue de la causa en la que está procesado por escuchas telefónicas ilegales que sufrieron víctimas de la AMIA y ex familiares suyos.
En julio de 2015, la Sala I de la Cámara Federal porteña determinó que Mauricio Macri debe seguir procesado por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal. El tribunal consideró que hay que evaluar más pruebas antes de definir su situación procesal.
A días de asumir como presidente el fiscal Jorge Di Lello pidió sobreseer a Mauricio Macri en la causa con fundamento en las nuevas pruebas incorporadas a la misma. Hoy el juez le dio la razón.
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El magistrado firmó hoy un fallo en el que afirmó que correspondía “desvincular definitivamente a Mauricio Macri” de esa investigación. Casanello sostuvo que no había “siquiera una prueba directa” que acreditara que Macri había ordenado escuchar a su cuñado, Néstor Leonardo ni al opositor Sergio Burstein.
Además, tampoco para “adjudicarle formar parte de unas asociación ilícita dedicada al espionaje clandestino”.
Siguen procesados e irán a juicio el espía Ciro James, el ex comisario Alberto “Fino” Palacios, Osvaldo Chamorro, Mariano Narodowski y los funcionarios policiales y judiciales de Misiones que habían sido procesados. Por el escándalo fueron destituidos los jueces Horacio Gallardo -fallecido- y José Luis Rey, quien deberá sentarse al banquillo de los acusados.
La Causa por Espionaje o causa de las escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires se refiere a una denuncia relacionada con una supuesta estructura de espionaje paraestatal, con escuchas telefónicas ilegales que presuntamente habría empleado el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para fines personales. Por la misma se encuentran procesados el Ex-Jefe de gobierno de Buenos Aires y actual Presidente de Argentina, Mauricio Macri y el ex ministro de Educación del gobierno porteño, Mariano Narodowski.
En octubre de 2009, Sergio Burstein, líder de la comunidad judía que había liderado la oposición contra el nombramiento de Fino Palacios como jefe de Policía debido a sus conexiones con el atentado terrorista a la AMIA de 1994, denunció penalmente que estaba siendo espiado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Burstein creía que estaba siendo amenazado y pidió custodia para su casa antes de saber que tenía los teléfonos intervenidos.
Ciro Gerardo James, un abogado y miembro de la Policía Federal, fue detenido el 5 de octubre de 2009 acusado de realizar escuchas telefónicas ilegales por orden del ex comisario Jorge Alberto «Fino» Palacios, cuando la justicia le encontró, durante un allanamiento, dos aparatos para interferir teléfonos.
Jorge Alberto «Fino» Palacios, fue detenido el 17 de noviembre de 2009. El jefe de Gobierno porteño sostuvo que se trataba de una maniobra política impulsada por el kirchnerismo.
El 14 de mayo de 2010 el juez Norberto Oyarbide lo procesó junto a «Fino» Palacios por considerarlos partícipes necesarios de una asociación ilícita. Oyarbide sobreseyó al también denunciado ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro.
En diciembre de 2010, el máximo tribunal penal del país, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ordenó al juez Oyarbide que disponga la inmediata liberación de Palacios cuestionando por segunda vez la actuación del juez que debía investigar y no sancionar. Los jueces le recordaron que ya habían anulado un fallo de Oyarbide relativo al encierro de Palacios por serios defectos en su fundamentación pero que el juez había vuelto a incurrir en todos los defectos que habían buscado prevenir y le recordaron que la misión del juez instructor se «vincula exclusivamente con el descubrimiento de la verdad».
El juez de instrucción de Posadas, José Luis Rey y el juez de instrucción de Posadas Horacio Gallardo, fueron destituidos por haber ordenado las escuchas.
En mayo de 2010 el juez Oyarbide procesó también el ex ministro de Educación del gobierno porteño, Mariano Narodowski.
El 14 de mayo también procesó a Mauricio Macri por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos.
La gravedad del caso estaría dada por el hecho de que el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría sido quien impulsó, a través del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Alberto «Fino» Palacios, la contratación del ex policía federal Ciro Gerardo James para realizar las escuchas ilegales que tuvieron como víctimas al cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo, y a Sergio Burstein.
La sala I de la Cámara de Casación Penal formada por los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero le sugirió a Oyarbide que no investigara el expediente como si se tratara de escuchas ilegales aisladas sino como una organización paraestatal de espionaje.
El 8 de junio de 2012, la sala III de la Cámara de Casación Penal desestimó una apelación de Mauricio Macri con lo cual quedó en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.
El tribunal también rechazó el recurso de casación que había planteado la defensa de Macri contra el juez, por lo que Norberto Oyarbide continuará a cargo de la causa.
En febrero de 2014, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo que no hay pruebas suficientes contra el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri como para enviarlo a juicio oral, con lo cual la causa sigue en espera de una resolución final.
En marzo de 2015, los abogados de Mauricio Macri presentaron un escrito de 20 carillas ante la Cámara Federal para que el tribunal lo desligue de la causa en la que está procesado por escuchas telefónicas ilegales que sufrieron víctimas de la AMIA y ex familiares suyos.
En julio de 2015, la Sala I de la Cámara Federal porteña determinó que Mauricio Macri debe seguir procesado por su presunta participación en una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal. El tribunal consideró que hay que evaluar más pruebas antes de definir su situación procesal.
A días de asumir como presidente el fiscal Jorge Di Lello pidió sobreseer a Mauricio Macri en la causa con fundamento en las nuevas pruebas incorporadas a la misma. Hoy el juez le dio la razón.
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