El Ejecutivo, que acató el fallo de la Corte Suprema, dispuso cubrir esos montos que deja de percibir con fondos del Tesoro para no afectar el financiamiento de la ANSeS.
La semana pasada el máximo tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esa deducción, y le impuso un plazo al actual Gobierno para restituir fondos a las provincias de Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda al Estado nacional.
"Dispónese el cese a la detracción del QUINCE POR CIENTO (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N° 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones", señala el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial.
"El fallo es razonable, quizás tendría que haberlo tomado cinco o seis años atrás", se quejó en su momento el presidente electo, Mauricio Macri. El fallo se dictó a poco de finalizar el mandato de Cristina Kirchner, que termina el próximo 10 de diciembre.
En la decisión que lleva la firma de la Presidenta y de todo el Gabinete nacional, y que rige desde hoy, el Ejecutivo advierte que la decisión del máximo tribunal de Justicia genera "un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social".
Según el decreto, "la percepción del 15 por ciento de la masa de recursos brutos coparticipables por parte de la ANSeS proyectada para el año 2015, asciende a la suma de 98.182 millones de pesos sobre un total de 638.664 millones, representando un 15 por ciento de los recursos totales del organismo".
LO QUE SE VERÁ AFECTADO
En ese sentido, señala que se verán afectados "los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos" por lo que estará condicionado "la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social".
Asimismo, resalta que el fallo coloca desde lo jurídico "en situación de desigualdad al resto de las Provincias y a la ciudad de Buenos Aires, produciendo una palmaria inequidad entre los Estados Provinciales, contrario al más elemental principio de igualdad ante la justicia".
Por tal sentido, el Gobierno resolvió extender los efectos del fallo al conjunto de las jurisdicciones para "evitar pleitos, gastos y la producción de intereses que compensen las demoras".
En tanto, ordenó que la fuente de financiamiento del sistema previsional afectado por la suspensión de las retenciones a las provincias sea reemplazada por fondos de Rentas Generales del Tesoro Nacional.
"La sustitución del financiamiento previsto, manteniendo el nivel del recurso pero cambiando la fuente de financiamiento -que deberá tener en cuenta los montos que ingresaron por el concepto actual o el que lo sustituya- posibilitará que los índices de movilidad no se resientan ya que cada peso no detraído se reemplazará por otro proveniente de rentas generales del orden nacional", indica el DNU.
La semana pasada el máximo tribunal de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esa deducción, y le impuso un plazo al actual Gobierno para restituir fondos a las provincias de Santa Fe y San Luis, promotoras de la demanda al Estado nacional.
"Dispónese el cese a la detracción del QUINCE POR CIENTO (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del "Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales" del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N° 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones", señala el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial.
"El fallo es razonable, quizás tendría que haberlo tomado cinco o seis años atrás", se quejó en su momento el presidente electo, Mauricio Macri. El fallo se dictó a poco de finalizar el mandato de Cristina Kirchner, que termina el próximo 10 de diciembre.
En la decisión que lleva la firma de la Presidenta y de todo el Gabinete nacional, y que rige desde hoy, el Ejecutivo advierte que la decisión del máximo tribunal de Justicia genera "un drástico cambio en el reparto de la coparticipación y una brusca disminución de los ingresos para la seguridad social".
Según el decreto, "la percepción del 15 por ciento de la masa de recursos brutos coparticipables por parte de la ANSeS proyectada para el año 2015, asciende a la suma de 98.182 millones de pesos sobre un total de 638.664 millones, representando un 15 por ciento de los recursos totales del organismo".
LO QUE SE VERÁ AFECTADO
En ese sentido, señala que se verán afectados "los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos" por lo que estará condicionado "la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social".
Asimismo, resalta que el fallo coloca desde lo jurídico "en situación de desigualdad al resto de las Provincias y a la ciudad de Buenos Aires, produciendo una palmaria inequidad entre los Estados Provinciales, contrario al más elemental principio de igualdad ante la justicia".
Por tal sentido, el Gobierno resolvió extender los efectos del fallo al conjunto de las jurisdicciones para "evitar pleitos, gastos y la producción de intereses que compensen las demoras".
En tanto, ordenó que la fuente de financiamiento del sistema previsional afectado por la suspensión de las retenciones a las provincias sea reemplazada por fondos de Rentas Generales del Tesoro Nacional.
"La sustitución del financiamiento previsto, manteniendo el nivel del recurso pero cambiando la fuente de financiamiento -que deberá tener en cuenta los montos que ingresaron por el concepto actual o el que lo sustituya- posibilitará que los índices de movilidad no se resientan ya que cada peso no detraído se reemplazará por otro proveniente de rentas generales del orden nacional", indica el DNU.