Un juez redujo la sentencia de un violador porque la víctima es gay
El juez de Casación Penal de Buenos Aires, Horacio Piombo, defendió el fallo al sostener que el niño de seis años ultrajado es homosexual.
El juez de Casación Penal de Buenos Aires, Horacio Piombo, defendió el fallo al sostener que el niño de seis años ultrajado es homosexual.
El juez argumentó que el niño ya había sido ultrajado por su padre.
El juez de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Horacio Piombo, defendió hoy el fallo que redujo la pena a un hombre condenado por el abuso sexual de un niño de seis años, debido a que la víctima "ya había sido ultrajada por el padre" y "había sido acostumbrada a situaciones de trasvetismo".
El magistrado se defendió de las críticas que recibió tras su fallo, y sostuvo que las críticas recibidas son "un tema político" para que dé un paso al costado.
"El tema es un chiquito que fue ultrajado y llevado a las cosas más infectas desde el punto de vista social por su padre. El padre ya fue juzgado en otro proceso, que no lo tenemos nosotros. Cuando viene la causa, es otro individuo que tuvo tocamientos impúdicos y cosas asqueantes con el nene. Y entonces quedaba ver concretamente si había una agravatoria del Código, no el delito. Lo que quedaba resolver era la existencia o no del agravante, el delito no estaba en discusión", explicó hoy el juez.
Al defender su fallo, el magistrado aseguró que "lo gravemente ultrajante" para el nene abusado "fue cuando el padre lo inició en lo aberrante".
"Nosotros teníamos que establecer si lo gravemente ultrajante podía darse en serie o en cadena. Nosotros consideramos que lo de gravemente ultrajante, que la ley pide que tiene que ser para la víctima, fue cuando el padre lo inició en lo aberrante, no cuando vinieron otros que cometieron el delito pero no el agravante", aseveró.
"Lo sexual tiene 20 millones de exteriorizaciones, que puede dar un caso de gravemente ultrajante. Nosotros lo que dijimos fue que lo gravemente ultrajante fue cometido por el padre", insistió
Fuente: La Nación