Lo hace mediante un proyecto de Ley que propone la actualización del artículo 146 de la Constitución Provincial. De obtener sanción, la decisión deberá someterse a referéndum del pueblo de la provincia, conforme el procedimiento de enmienda constitucional.
En los fundamentos del proyecto, Carlos Rovira, explica que la autarquía “representa la consolidación plena de la división republicana de poderes y brinda al Poder Judicial, mediante el fortalecimiento de su independencia, la facultad de organizar y funcionar en el orden administrativo, financiero, presupuestario y operativo sobre la base de las necesidades actualizadas para continuar mejorando la administración de justicia”.
“De esta manera, un porcentaje del presupuesto provincial será administrado por el Superior Tribunal de Justicia adquiriendo la responsabilidad de la previsión de gastos y recursos”, expresa.
En la actualidad, el presupuesto asignado al Poder Judicial es administrado por el ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, que destina a esta área el 3,11 % del presupuesto provincial de la administración pública para el ejercicio financiero 2015.
Con este proyecto el presidente de la Legislatura impulsa la independencia administrativa que “se verá reflejada en la imposibilidad de que los otros Poderes fijen las políticas de administración del Poder Judicial, las cuales serán establecidas por sus autoridades y, obviamente, ajustándose a la legislación vigente y al procedimiento de aprobación del presupuesto que la Ley y la Constitución Provincial establecen”.
“Sin una posibilidad económica suficiente y lista para afrontar la demanda de recursos humanos e infraestructura material, es ilusorio pensar en que podría generarse una administración de justicia independiente, eficaz e idónea, capaz de convertirse en el defensor del estado de derecho y de la legitimidad constitucional”, indica el autor en los fundamentos.
Señala que, “el objetivo constitucional de ‘afianzar la justicia’ a través de una autonomía presupuestaria, que le asegure al Poder Judicial asignar recursos propios para el cumplimiento efectivo de su función en calidad y con sentido social, constituye una de las herramientas que contribuyen para asegurar esa independencia mediante la asignación de recursos propios y dejando en claro su capacidad para auto administrarse”.
“Mediante las continuas políticas legislativas se viene desarrollando notablemente tanto la estructura como la organización del Poder Judicial, para una administración de justicia de excelencia. Pero todo el trabajo legislativo con miras a beneficiar al justiciable solo encuentra plena efectividad con la posibilidad de contar con recursos suficientes que permita la optimización de los recursos humanos, su profesionalismo, la eficiencia de las facilidades administrativas y de infraestructura”.
En los fundamentos del proyecto, Carlos Rovira, explica que la autarquía “representa la consolidación plena de la división republicana de poderes y brinda al Poder Judicial, mediante el fortalecimiento de su independencia, la facultad de organizar y funcionar en el orden administrativo, financiero, presupuestario y operativo sobre la base de las necesidades actualizadas para continuar mejorando la administración de justicia”.
“De esta manera, un porcentaje del presupuesto provincial será administrado por el Superior Tribunal de Justicia adquiriendo la responsabilidad de la previsión de gastos y recursos”, expresa.
En la actualidad, el presupuesto asignado al Poder Judicial es administrado por el ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, que destina a esta área el 3,11 % del presupuesto provincial de la administración pública para el ejercicio financiero 2015.
Con este proyecto el presidente de la Legislatura impulsa la independencia administrativa que “se verá reflejada en la imposibilidad de que los otros Poderes fijen las políticas de administración del Poder Judicial, las cuales serán establecidas por sus autoridades y, obviamente, ajustándose a la legislación vigente y al procedimiento de aprobación del presupuesto que la Ley y la Constitución Provincial establecen”.
“Sin una posibilidad económica suficiente y lista para afrontar la demanda de recursos humanos e infraestructura material, es ilusorio pensar en que podría generarse una administración de justicia independiente, eficaz e idónea, capaz de convertirse en el defensor del estado de derecho y de la legitimidad constitucional”, indica el autor en los fundamentos.
Señala que, “el objetivo constitucional de ‘afianzar la justicia’ a través de una autonomía presupuestaria, que le asegure al Poder Judicial asignar recursos propios para el cumplimiento efectivo de su función en calidad y con sentido social, constituye una de las herramientas que contribuyen para asegurar esa independencia mediante la asignación de recursos propios y dejando en claro su capacidad para auto administrarse”.
“Mediante las continuas políticas legislativas se viene desarrollando notablemente tanto la estructura como la organización del Poder Judicial, para una administración de justicia de excelencia. Pero todo el trabajo legislativo con miras a beneficiar al justiciable solo encuentra plena efectividad con la posibilidad de contar con recursos suficientes que permita la optimización de los recursos humanos, su profesionalismo, la eficiencia de las facilidades administrativas y de infraestructura”.
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